20/05/2022 6:01

Actualizado al 20/05/2022 6:01

Chile experimenta una interesante mutación dentro de la propia transformación que disparó la rebelión popular de 2019. Con cuotas similares del teorema de Baglini, sobre la moderación que impone la cercanía con el poder, y la constatación de situaciones que escapan a lo esperado, el presidente Gabriel Boric, exponente de aquel repudio popular, va retrocediendo a un nuevo realismo.

Lo obligan las circunstancias- Últimamente con la comprobación de que no hay diálogo posible frente a la creciente violencia mapuche o frente a los contratiempos que acorralan o, por lo menos, amenazan al proyecto de una nueva Constitución.

Boric acaba de sufrir la peor derrota política e ideológica en lo que va de su gobierno cuando debió enviar a su ministra de Interior a anunciar que repetirá los criterios de su antecesor, el derechista Sebastián Piñera, declarando una excepción constitucional para desplegar tropas en el sur chileno. Una decisión a la que se había opuesto desde su campaña y que fulminó en cuanto llegó a La Moneda.

La medida fue enmascarada con una supuesta limitación a la vigilancia por los uniformados solo de rutas y caminos de la zona donde el extremismo mapuche comete sus atentados. Pero el propio decreto diluye esos frenos a toda la región y las infraestructuras “de ser necesario”.

Un análisis precario describiría ese movimiento como un giro a la derecha del gobierno. Pero Boric es un socialdemócrata pragmático. Esa condición ya la había expuesto en noviembre de 2019 cuando, en plena crisis por las protestas callejeras, negoció por su cuenta con la pinochetista Unión Democrática Independiente para abrir la salida a una Constituyente antes que las cosas se fueran de control.

En octubre del año pasado, el ejército desplegado en Temuco. Foto AFP

En octubre del año pasado, el ejército desplegado en Temuco. Foto AFP

Hacerse cargo

Ese pacto se transformó en un acuerdo multipartidario que los propios seguidores de Boric habían señalado como una traición. Pero esa audacia fue la que preservó el sistema.

El dato interesante ahora del trago amargo de la militarización del sur chileno es el gesto de autoridad que lo acompaña. Gobernar en cualquier caso es hacerse cargo. Una obviedad que no es tan clara en otras fronteras de la región.

Pero esta toma de posición en contra de sus propias ideas, implica para Boric una tensión de perspectiva creciente con las alas populistas de su coalición, particularmente el Partido Comunista que le brinda una significativa base territorial.

El PC, por cierto, repudia con distancias de comentarista esta medida. “No es el momento de inmiscuir a las FF.AA. en este conflicto, que es político, social y que involucra algún tipo de actividades violentas y tendría un reacción adversa” se despachó el titular del partido comunista Guillermo Tellier.

La cuestión mapuche es más que lo que parece. Ha tenido un fuerte contenido político. Fue una de las banderas de la identidad política de esta nueva dirigencia para diferenciarse de la derecha o la centroderecha que rigió el destino chileno las últimas décadas, incluso frente al moderado pero riguroso socialismo de estilo europeo del país.

Camila Vallejo, aliada firme de Boric, militante del PC y ministra vocera del gobierno, en sus días de parlamentaria llegó a sostener sobre este duelo del sur que “cuando los conflictos se manejan como una guerra, no hay paz y solo derramamiento de sangre… Usen la inteligencia y no las armas”, reclamó.

El propio presidente, en su función previa de legislador, rechazó constantemente la autorización parlamentaria para la excepción constitucional que demandaba Piñera.

Boric llegó al poder con la convicción de impulsar una discusión concluyente con las comunidades originarias. En paralelo, además, ofreciendo señales clave como la edificación de una visión plurinacional del país en la nueva Constitución .

Una protesta de mapuches en Temuco, en la región de la Araucania. Foto AFP

Una protesta de mapuches en Temuco, en la región de la Araucania. Foto AFP

Pero del otro lado no hubo interés alguno por la negociación. La ministra de Interior Izkia Siches fue recibida con disparos cuando recién asumida viajó a la comunidad Temucuicui, en Ercilla, con su propuesta de diálogo bajo el brazo. Aquel episodio fue el sello de cómo caminaría esta disputa.

El diario La Tercera, explicó que “en la coalición oficialista aseguran que La Moneda maneja cifras alarmantes respecto del aumento de los hechos de violencia en la zona”.

En esa frecuencia, el líder de la autodenominada Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, se montó en la ingenuidad del gobierno con un llamado a “la resistencia armada” y descalificó a Boric como “lacayo” nada menos que de la dictadura militar. Un portazo sin atenuantes.

El senador comunista Daniel Núñez, debió reconocer su incomodidad porque estas organizaciones no dieran la menor posibilidad de que el gobierno desplegara sus propuestas. E hizo una significativa comparación al sostener que "cuando los movimientos de carácter étnico o nacionalista se radicalizan al extremo, llegamos a callejones sin salida como ocurrió en España, con la ETA”.

El plebiscito

Quedó así a milímetros de la caracterización de terrorismo de la que escapa Boric con que describen las fuerzas de centro y sobre todo de la derecha a lo que ocurre en esas regiones desde hace años. En la visión más dura este conflicto, efectivamente, tiene el formato de una guerra separatista sobre un territorio que incluye a gran parte de la Patagonia argentina.

El otro desafío que complica a Chile y al propio presidente por el enorme depósito de capital político que ha invertido, es el trámite accidentado de la Constitución. El próximo 4 de setiembre se realizará un referéndum, el llamado “plebiscito de salida”, que determinará si la ciudadanía acuerda con el contenido de la nueva Carta Magna.

El presidente Gabriel Boric. Foto Reuters

El presidente Gabriel Boric. Foto Reuters

Pero si esa iniciativa tuvo un emocionante respaldo en torno al 80% en octubre de 2020, las últimas encuestas (i.e. Pulso Ciudadano) indican un rechazo de 45,6%, con solo 27,1% entre quienes darían el sí aprobatorio. Los que no saben compiten con este último registro con el 27.4%. Entre tanto la desconfianza hacia los convencionales, supera largamente el 50%.

La nueva Carta, que debería estar concluida el 5 de julio, tiene como propósito reemplazar la legada por la dictadura pinochetista. El motor de esa refundación ha sido la demanda para corregir deformaciones asfixiantes en el modelo de acumulación chileno de altísima concentración y que filtra las posibilidades de educación o salud de las mayorías.

Pero el proyecto constitucional nació con una cojera: los partidos de derecha y de centroizquierda obtuvieron una representación mucho menor a la esperada. Los independientes, que habían logrado un amplio bloque, reflejo del repudio a la política tradicional, se disolvieron rápidamente. Mucho significó ese dato.

Quienes quedaron, operaron con “la falsa ilusión de que esto se podría hacer sin la derecha, sin el centro y parte de la centro izquierda”, como señaló a la BBC la activista política Javiera Parada, quien ha venido denunciando el sectarismo y polarización en el proceso.

Una de las iniciativas que se aprobó sin el apoyo de la derecha ni de algunos representantes del centro izquierda, es, por ejemplo, el denominado "pluralismo jurídico", que permite la creación de tribunales para los pueblos indígenas que coexistirían en un "plano de igualdad" con el Sistema Nacional de Justicia. Para sus críticos, naturalmente, esa medida viola la igualdad ante la ley.

La violencia que jaquea el sur chileno agrega dosis de contaminación a iniciativas de esa índole de por si polémicas y en un país donde la inflación y la delincuencia demandan atención prioritaria antes que esos otros debates. Razones, posiblemente, de la notable caída de la figura de Boric en las encuestas.

Otra propuesta controvertida que lastra la gestión de la nueva Constitución, es la decisión de los convencionales de concluir con 200 años de vigencia del Senado y coronar en su lugar una suerte de confusa Cámara de Regiones.

La centroderecha y la derecha, pero también el socialismo, es decir más de la mitad del electorado chileno, objetaron esa invención que incluso fue condenada como absurda por figuras relevantes como Isabel Allende, la hija del mítico Salvador Allende.

Esos tropiezos no necesariamente aseguran el fracaso del proyecto constitucional. Aún incluso para muchos de sus críticos votar en contra implicaría el disgusto de mantener vigente la Carta pinochetista. A esa incomodidad apuesta Boric para preservar la iniciativa. Pero tampoco es descartable un revés como le acaba de suceder con el conflicto mapuche.

Esta incertidumbre tiene sentido, emerge de la novedad de una fuerte cautela que se notó ya desde las elecciones nacionales y que está moderando el mensaje de la rebelión de 2019. Pero también, muy importante, a los hijos de ese proceso. Nada es como antes. Tampoco las ilusiones. Crecer de golpe.
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