Ignacio Ortelli

Ignacio Ortelli

10/06/2021 18:47

Actualizado al 10/06/2021 18:47

Aunque el descontento social por el aumento y el cobro retroactivo del Monotributo comenzó a escalar el viernes, en el Gobierno habían relativizado el impacto del que daban cuenta los titulares de los principales medios de comunicación. Con la agenda del Presidente centrada en el plan de vacunación y en el anuncio que hizo junto a su par ruso, Vladimir Putin, por el inicio de la producción de la Sputnik V en el laboratorio Richmond, fue recién el domingo cuando en la intimidad de la Quinta de Olivos Alberto Fernández activó la marcha atrás en una medida polémica que podía complicar el camino que comenzó a pavimentar rumbo a las elecciones.

La visita deSergio Massa a la residencia presidencial en el cierre del fin de semana obedeció a la gira que el tigrense emprenderá por Estados Unidos la próxima semana. Habían quedado en juntarse para repasar la agenda y que el jefe de Estado convalidara los pasos que el titular de la Cámara de Diputados hará en Washington. Pero durante la charla surgió la palabra "Monotributo" y ahí ambos intercambiaron una experiencia similar.

Alberto Fernández contó que por su cuenta de redes sociales le habían escrito muchos mensajes cuestionando la medida y mencionó el caso de una mujer del Conurbano que por Instagram le contó que le aparecía deuda cuando se había esforzado por tener la cuota al día. Massa puso el caso de un vecino de Tigre que le escribió por Whatsapp. "¿Cómo podemos resolver esto?", le consultó Fernández al diputado, que sin una respuesta concreta le pidió 24 horas al Presidente y, con ese aval, empezó a analizar alternativas que le habían hecho llegar distintos legisladores y dirigentes de sus filas.

Un día más tarde, siempre con el visto bueno del Presidente, se analizó en "la mesa de los lunes", que volvió a congregar en La Plata a las tres patas importantes del Frente de Todos.

Sin provocar fricción, el tema preocupaba especialmente al anfitrión, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a sabiendas de que en su territorio residen casi un millón y medio de monotributistas.

Pero, en un año electoral, la señal de alerta sonaba en todos los sectores del oficialismo. "Puede ser bisagra porque a la gente le toca directamente el bolsillo", reflexionaban. La frase pertenece a uno de los integrantes pero bien pudo ser compartida por el resto.

Desde Massa, pasando por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que por segunda vez se sumó al encuentro y junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ofició de "delegado" del Presidente, y hasta el tridente camporista: el jefe de la bancada del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. "Es una ley frentetodista", celebran allegados a un dirigente que busca evitar que un sector se atribuya el triunfo.

En efecto, allí se decidió dar un giro más a los cambios y conceder un beneficio adicional ampliando las escalas de las categorías, ya que era otra queja recurrente de un universo de cuatro millones de contribuyentes. "Las escalas habían quedado retrasadas desde la época de Macri, por la devaluación, a pesar de los cambios que ya se habían hecho", razonan en el Gobierno.

En silencio, el rol de Máximo K. fue clave. "Con Massa empujó mucho el proyecto", asegura una fuente. Y apunta el pedido que le hizo el diputado a la titular de la Dirección General Impositiva, Virginia García, para que se involucrara.

La ex senadora, de buena sintonía con Cristina Kirchner y ex cuñada de Máximo, ayudó a pulir aspectos técnicos del proyecto, una tarea en la que se volvió a advertir la tensión latente en la coalición con Mercedes Marcó del Pont, a quien insólitamente en el Gobierno responsabilizaron por aplicar lo que la Ley 27618 aprobada en abril.

La ausencia de Del Pont en la reunión del miércoles entre Alberto F., Massa y Guzmán, donde se terminó de tomar la decisión de retocar la ley, no hizo más que ayudar a alimentar todo tipo de versiones. Sobre todo porque la administradora es una protegida del Presidente. "No hay que hacer segundas lecturas de una foto", relativizan en el Gobierno, y detallar que “antes y después” del encuentro la administradora trabajó en el borrador del texto. En otras terminales del poder no dicen lo mismo.

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